En Centroamérica, el disparo de los delitos penales por parte de bandas de delincuentes transnacionales, llamadas "maras", presenta un grave riesgo al desarrollo y a la democracia, amenazando al conjunto de la región y llegando hasta Estados Unidos. Investigación.

En Honduras, se estima que el número de miembros de bandas se sitúa cerca de las 40.000 personas y en El Salvador entre 10.000 y 30.000. En total, en Centroamérica, las maras cuentan con entre 70.000 y 100.000 miembros. Tatuados y armados, los miembros de estas bandas juveniles luchan por el control de barrios y poblados, y por supuesto también dentro de las prisiones en las que se encuentran. En El Salvador se han hecho con el control de zonas enteras. Otras se constituyen como territorios en disputa y escenarios de violentos ajustes de cuentas.

Este problema de bandas que acecha la región se deriva en gran parte de la decisión tomada por Washington, a mediados de los 90, de expulsar del territorio estadounidense a los delincuentes que hubieran nacido en el extranjero, a menudo sin advertir a su país de origen sobre sus antecedentes penales. No se cuenta con cifras exactas sobre el número de personas condenadas que fueron trasladadas de esta forma a Centroamérica desde el comienzo de las deportaciones, pero los funcionarios locales calculan que entre el año 2000 y 2004, el número ya supera las 20.000. Las marabuntas o maras, como se les llama, según el nombre de una hormiga letal, se han convertido en el desafío más terrible para la paz en la región, tras el final de las guerras civiles de los años 90. Sin embargo, estas bandas no solo representan un peligro para Centroamérica. Gracias al disparo en el crecimiento de la población juvenil y a la acumulación de problemas sociales sin resolver, las bandas han empezado a expandirse fuera de sus fronteras. Tras la adopción de políticas fuertemente represivas que han convertido, por ejemplo, a un simple tatuaje en un delito penado con la cárcel, muchos de los miembros de las bandas han huido hacia México y los Estados Unidos. Allí se instalan de forma masiva, en zonas urbanas como rurales, y se funden con la población de origen centroamericano.

Movilidad
Una serie de ataques perpetrados en Tejas, Virginia y Honduras ilustran su asombrosa movilidad y el carácter completamente despistado de estas nuevas bandas. En diciembre de 2004, en Chamalecón, Honduras, 13 miembros de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) llenaron de balas un autobús, acabando con la vida de 28 viajeros inocentes. Deseaban simplemente darle una lección al presidente hondureño Ricardo Maduro que había decretado una política de mano dura y de "tolerancia cero" frente a las bandas. Según las acusaciones, el jefe de los asaltantes era Lester Rivera-Paz, un miembro de la banda de los Normandie Locos, un grupo vinculado a la Mara Salvatrucha, uno de los 13 grupos con los que cuenta esta banda en Los Ángeles.

La policía de Estados Unidos arrestó a Lester Rivera-Paz en Tejas, poco después de su paso de la frontera de Estados Unidos en su huída de las autoridades hondureñas. Lester ha sido deportado ya en cuatro ocasiones y sus antecedentes penales en Los Ángeles son impresionantes. Su banda está presente en Fairfax (Virginia), en Nueva York y en otras muchas más ciudades de Estados Unidos. Una investigación sobre el asesinato de una joven de 16 años por miembros de los Normandie Locos, cuatro años antes ha permitido averiguar la forma en la que la banda se mueve por el país para instalar nuevas "antenas".

Otras bandas de Los Ángeles se han asentando también en la costa este de Estados Unidos. "La MS-13 es una organización muy hermética y es difícil entrar" comentada un inspector que forma parte de la brigada contra bandas de Nueva Jersey, un estado en el que el grupo está instalado en varias ciudades.

La reacción del FBI
La capacidad de las bandas de actuar como lanzadera entre su país de origen y Estados Unidos ha llevado a las autoridades de este país a establecer una red regional de información para poder seguir la pista a miembros individuales de estos grupos delictivos. Estados Unidos ha anunciado igualmente que modificará su política de divulgación de antecedentes penales. El FBI ha abierto una oficina en San Salvador para coordinar sus actividades contra las bandas. En septiembre, el FBI anunció el arresto de varias docenas de miembros de la MS-13 en diferentes ciudades.

Sin embargo, las bandas siguen surgiendo en las zonas en las que viven los inmigrantes. Se ha detectado su presencia en 33 estados de los Estados Unidos, en los que ofrecen su "protección" y su "amistad" a miles de centroamericanos y mexicanos sin papeles que llegan a Estados Unidos en busca de trabajo. La explosión demográfica en Centroamérica ha dejado a numerosos jóvenes sin esperanzas de futuro. Muchos de ellos, adolescentes de unos 14 o 15 años, se han instalado discretamente en Estados Unidos con la esperanza de encontrar trabajo allí. Aunque muchos de estos jóvenes inmigrantes ya formaban parte de una banda antes de llegar a Estados Unidos, otros se acercan a ellas al llegar al territorio estadounidense. Según el FBI, estas bandas ofrecen a estos jóvenes drogas, chicas y un sentimiento de pertenencia. Las bandas reclutan incluso en las escuelas, donde intentan acercarse a jóvenes centroamericanos, incluso de tan solo 8 años.

En su expansión, los mareros, es decir los miembros de las maras, no reparan en medios. Se aprovechan incluso del hecho de que las autoridades federales de Estados Unidos hayan creado equipos especiales contra la MS-13. La importancia que les otorga el FBI les confiere una cierta categoría a los ojos de los jóvenes y les sirve como estrategia de marketing. En el estado de Maryland (Baltimore), un antiguo miembro de la banda ha revelado que muchos jóvenes de su escuela deseaban convertirse en miembros de la MS-13.

Los límites de la represión
El aumento de las bandas se deriva en parte de la falta de coordinación entre las autoridades de Estados Unidos y también de la falta de conocimiento sobre este fenómeno. Pese a los ciclos formativos impartidos dentro del cuerpo de policía y el envío de expertos que viajan por todo el país para enseñar a sus colegas a identificar nuevas bandas, las organizaciones delictivas siguen proliferando. Sus miembros cuentan con el don del camuflaje. Aunque normalmente se vistan de azul y blanco y se les pueda reconocer por sus cinturones, zapatos o señales con las manos, pueden cambiarse rápidamente en cuanto sienten que la policía les ha localizado. Recientemente, en Queens, en los suburbios de Nueva York, los miembros de la MS-13 llevan camisas y pañuelos negros.

Las medidas adoptadas contra la MS-13 solo han sido medidas represivas. La mayoría de los expertos coinciden en que la forma más eficaz de poner fin al fenómeno de las maras sería ayudar a los jóvenes antes de que las bandas entren en contacto con ellos. "El problema es que todo el mundo quiere resultados inmediatos," declara el inspector Moreno que lleva 29 años luchando contra las bandas. Vio cómo aparecían los primeros miembros de la MS-13 cuando se creó para responder a los ataques de las bandas de estadounidenses de origen mexicano en los barrios pobres de Los Ángeles Este.

En muchas ciudades de Estados Unidos, la policía tiene que aprender a trabajar con la comunidad local de inmigrantes. "Es difícil perseguir a las bandas porque es difícil conseguir testigos", comenta Moreno. "Para lograr la gente hable, hay que convencerles de que es en su interés. Provienen de otros países, de otras realidades y no ven cómo la policía les va a poder ayudar, sobre todo cuando se encuentran sin papeles. El secreto está en entrar en las comunidades que se han convertido en presa de las bandas."

El problema de las bandas se ha agravado tras los atentados del 11 de septiembre. En Nueva York, donde la policía y los fiscales habían acabado con una banda de traficantes de droga especialmente sofisticada denominada Crazy Cowboys (los vaqueros locos) y con varias bandas jamaicanas, no se ha reemplazado a los inspectores de policía que se han jubilado. Y para empeorar más la situación, a muchos otros se les ha puesto a trabajar en la lucha contra el terrorismo.

A principios del año 2005, el Ministerio de Justicia creó un equipo especial encargado de seguir a la MS-13 y a otras bandas, en coordinación con el servicio de inmigración, la agencia de lucha contra la droga y la policía fronteriza. Este equipo ya ha arrestado a 1.500 miembros de organizaciones criminales, enviando a muchos de ellos a cárceles del país y deportando a otros a Centroamérica. Las autoridades preparan la creación de un nuevo centro nacional de información sobre bandas que recibirá 10 millones de dólares y han anunciado que de ahora en adelante se considerará a las bandas como "empresas y organizaciones criminales". Washington prepara una nueva ley especialmente adaptada al fenómeno de las maras que permitirá aplicar penas mucho más duras, de entre 10 a 30 años de prisión.

Los gobiernos de Centroamérica han limitado de forma importante sus acciones a medidas militares y policiales. Al actuar así, no han hecho más que agravar el problema. Tras dos años de política de "mano dura", las cárceles están llenas. Pero la historia no se termina tras los barrotes, puesto que las cárceles sirven como escuelas de formación para las bandas y hay numerosos casos de fugas.

La necesidad de reformas
Los gobiernos de América Central afectados por este fenómeno han mediatizado de forma importante sus medidas represivas con el fin de evitar actuar en otro frente igual de urgente: el refuerzo de las instituciones democráticas locales. Después del final de las guerras civiles, las reformas de los sistemas judicial, legislativo y social se han quedado empantanadas por las luchas entre partidos.

En Estados Unidos al igual que en Centroamérica, los gobiernos no invierten lo suficiente en los niños pobres. En países en los que el 50% de la población es menor de 15 años hay que ofrecer programas preventivos para la educación, el empleo y la protección de los jóvenes que quieran salir de una banda. Para enfrentarse a este problema toda campaña contra bandas deberá también hacer frente a las causas subyacentes que alimentan a las mismas: una corrupción endémica, el mal funcionamiento del sistema político, el tráfico de drogas, la pobreza y la sobrepoblación.

 

Para conocer más:

En español

SAVENIJE Wim, "La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 St.", Foreign Affairs en Español, abril-junio de 2004, pp. 38-46.

 

En francés

TAMAYO Eduardo G., "Les "maras", gangs ou bandes de jeunes: une nouvelle menace internationale ?", Alai, 2 agosto de 2005, traducido por Dial, Dial D2831 del 16 al 31 de octubre de 2005.
http://www.dial-infos.org/05_archives/ html_05texte/dialD2831.html

REVELLI Philippe, "Derrière la violence des gangs au Salvador", Le Monde diplomatique, marzo de 2004.
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/03/REVELLI/11063

 

En inglés

ARANA Ana, " How the Street Gangs Took Central America ", Foreign Affairs, mayo/junio de 2005.

CAVALLARO James Louis, Crime, Public Order and Human Rights, International Council on Human Rights Policy, Ginebra, 2002.
www.ichrp.org

DOWDNEY Luke (Coord.), Neither War nor Peace. International comparisons of children and youth in organised violence, COAV/Viva Rio/Iansa/Iser, Río de Janeiro, 342 páginas.

KOONINGS Kees/KRUIJT Dirk (Eds.), Armed Actors: Organised Violence and State Failure in Latin America, Zed Books, Londres, 2003.

HUME Mo, Armed Violence and Poverty in El Salvador, Centre for International Cooperation and Security, University of Bradford, noviembre de 2004, 39 páginas.

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La ciudad de los muertos y una globalización salvaje

Pierre Cherruau

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Desde 1993, 400 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Considerada la capital mundial del "feminicidio", esta ciudad ha dado rienda suelta a muchas fantasías: desde el asesino en serie a los crímenes de clase contra las obreras de las maquiladoras.

Sin embargo, al término de una exhaustiva investigación, Marc Fernández y Jean-Christophe Rampal¹ muestran que las raíces del mal se encuentran ante todo en el sistema, en un reino de la droga y de la corrupción. Sus reportajes en Ciudad Juárez muestran el control que los narcotraficantes ejercen sobre la ciudad y la policía municipal, la cual comente un cierto número de crímenes en nombre de los traficantes. Las desapariciones sin resolver se inscriben en esta lógica mortal.

Fernández y Rampal aportan numerosos testimonios inéditos, entre otros el de José Luis Santiago Vasconcelos, a la cabeza de la lucha contra la droga a nivel federal y el número dos del Ministerio de Justicia: este testimonio clave proporciona el fundamento a la tesis de que los crímenes han sido cometidos por el cartel de Ciudad Juárez con la complicidad de la policía. "Tienen mucho dinero y mucho poder, lo que produce un efecto llamada" explica José Luis Santiago Vasconcelos. "El mensaje que transmiten es el siguiente: 'Este es nuestro territorio, somos los patrones, podemos hacer lo que queramos sin temor. Y a los que no están con nosotros, los matamos.' Esta impunidad de la que gozan tiene una consecuencia directa, lleva a otros tipos de asesinatos, de delitos sexuales, de asesinatos en serie, principalmente contra las mujeres." En un laboratorio de la globalización salvaje, hace falta una acción que infunda temor.

⁽¹⁾La ville qui tue les femmes
Enquête à Ciudad Juarez
Marc FERNANDEZ y Jean-Christophe RAMPAL
París, Hachette Littératures, 2005
281 páginas.